La integración centroamericana como necesidad estratégica: avances, límites y agenda de profundización

Introducción

La integración centroamericana posee dimensiones antagonicas, que a menudo la convierten en una especie de paradoja. Por una parte, constituye uno de los proyectos regionales más antiguos y persistentes de América Latina. Pero por otra, después de varias décadas de tratados, instituciones y acuerdos, continúa siendo percibida como un proceso incompleto, lento y distante de las preocupaciones cotidianas de la población.

Esta percepción, lamentablemente, no carece de fundamento. A pesar de esfuerzos de modernización y armonización normativa, la región aún enfrenta fronteras congestionadas, procedimientos heterogéneos, mercados de transporte fragmentados, instituciones financieramente frágiles y dificultades recurrentes para convertir las decisiones políticas en medidas regionales efectivamente aplicadas. La integración ha avanzado, eso es innegable, pero lo ha hecho de manera desigual y sin resolver varias de las restricciones que limitan la productividad y la competitividad de los países centroamericanos.

Sin embargo, de esas limitaciones no se desprende que la integración haya fracasado o que deba abandonarse. Por el contrario, la evidencia disponible apunta en la dirección opuesta.

El comercio intrarregional, la digitalización de los procedimientos aduaneros, la interconexión eléctrica y los modelos económicos sobre transmisión regional de la productividad muestran que la cooperación produce beneficios concretos. El problema no es que Centroamérica se haya integrado demasiado, sino que lo ha hecho de forma incompleta, fragmentada y con una arquitectura institucional que todavía no corresponde a la magnitud de los desafíos compartidos.

Para seis economías pequeñas, abiertas y altamente expuestas a perturbaciones externas, profundizar la integración no constituye solamente una aspiración histórica. Es una necesidad estratégica. En este artículo, se intentan describir las principales razones que respaldan esta idea.

De la aspiración histórica a la integración gradual

Primero, recuerdense los principales hitos de la integración centroamericana. Como es bien sabido, el proyecto contemporáneo de integración económica tiene su principal antecedente en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1960. Este instrumento estableció las bases del Mercado Común Centroamericano y formuló expresamente el compromiso de constituir una unión aduanera entre los territorios de los Estados participantes.

Después de los conflictos políticos y militares que afectaron a la región, el proceso de integración fue reformulado mediante el Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que creó el Sistema de la Integración Centroamericana, y el Protocolo de Guatemala de 1993, que reorganizó el subsistema económico bajo una lógica de regionalismo abierto, compatible con la liberalización comercial y la inserción en los mercados internacionales (SICA, 1992, 1993).

En este sentido, una unión aduanera, por tanto, no es una idea reciente ni una iniciativa aislada de determinados gobiernos. Forma parte del núcleo jurídico y económico del proyecto regional. No obstante, entre la formulación de dicho objetivo y su aplicación práctica transcurrieron varias décadas. Fue necesario desarrollar instrumentos sobre tributación interna, administración aduanera, libre circulación, facilitación comercial y gobernanza institucional antes de que Guatemala y Honduras iniciaran, en 2015, el denominado Proceso de Integración Profunda. Su primera fase comenzó a operar en 2017, mientras que El Salvador se adhirió jurídicamente en 2018 y aceleró su incorporación operativa a partir de 2021.

Al respecto de este acercamiento a una Unión Aduanera, la evolución histórica revela una característica central de la integración centroamericana: los avances más significativos no han surgido mediante transformaciones simultáneas de toda la región, sino a través de acuerdos parciales y progresivos entre grupos de países dispuestos a avanzar con mayor rapidez. Esta modalidad sin duda ha permitido generar resultados, aunque también ha consolidado una integración de geometrías variables, en la que no todos los países participan en los mismos mecanismos ni asumen compromisos equivalentes.

Tabla 1. Principales hitos y significado estratégico de la integración económica centroamericana

Fuente: elaboración propia con base en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana (1960); SICA (1992, 1993, 2006, 2014); SIECA (2007, 2015, 2023a, 2023b); SG-SICA (2015a, 2015b); SG-SICA y SIECA (2019); y Echeverría et al. (2017).

La evidencia económica a favor de la integración

Entrando en materia: la primera razón para profundizar la integración se encuentra en la estructura del comercio regional. Centroamérica no es únicamente un conjunto de países vecinos: constituye un mercado natural basado en la proximidad geográfica, las complementariedades productivas y cadenas comerciales que dependen principalmente del transporte terrestre.

La importancia de ese mercado varía considerablemente, pero para esbozar dicha importancia considérense los siguientes hechos:

• En 2024, las exportaciones destinadas a socios centroamericanos representaron aproximadamente el 58 % de las exportaciones totales de El Salvador, el 39 % de las de Guatemala, el 29 % de las de Honduras, el 24 % de las de Nicaragua, el 18 % de las de Costa Rica y el 10 % de las de Panamá (SIECA, 2024, 2025). Estas diferencias reflejan estructuras productivas y orientaciones externas distintas, pero también muestran que, para varios países, el mercado regional es tan importante como algunos de los grandes destinos extrarregionales.

• La concentración comercial es particularmente intensa entre El Salvador, Guatemala y Honduras. En 2023, Guatemala y Honduras absorbieron conjuntamente el 69.8 % de las exportaciones intrarregionales salvadoreñas. El Salvador y Honduras concentraron el 64.9 % de las exportaciones intrarregionales guatemaltecas, mientras que El Salvador y Guatemala recibieron el 64.3 % de las exportaciones intrarregionales hondureñas. Esta interdependencia ayuda a explicar por qué el proceso de unión aduanera comenzó en esa parte del istmo.

• El mercado regional también tiene una importancia diferente dentro de las exportaciones totales de cada uno de estos países. En 2023, el mercado intrarregional representó el 56.6 % de las exportaciones totales de El Salvador, el 44.5 % de las de Guatemala y el 25 % de las de Honduras. Pese a esa heterogeneidad, los otros miembros del Proceso de Integración Profunda representan consistentemente más del 60 % de las exportaciones intrarregionales de cada uno de los tres países.

El comercio regional, además, no se limita a productos primarios. Una proporción importante corresponde a medicamentos, productos alimenticios procesados, bebidas, textiles, materiales de construcción, productos de plástico, papel, acero, combustibles y energía eléctrica. Esto significa que el intercambio intrarregional sostiene actividades manufactureras, redes de distribución y encadenamientos productivos que pueden reaccionar favorablemente cuando disminuyen los costos administrativos y logísticos.

La evidencia derivada de modelos económicos respalda esta interpretación. Las simulaciones Insumo-Producto aplicadas al Proceso de Integración Profunda indican que una reducción de las barreras administrativas puede producir efectos directos e indirectos sobre la producción, especialmente en las manufacturas. Sin embargo, estas mismas simulaciones también muestran, que los beneficios dependen de la estructura productiva interna: la integración no puede compensar por sí sola la debilidad de los encadenamientos nacionales ni una limitada capacidad de absorción productiva (Salazar Recinos, 2024c).

Desde una perspectiva regional más amplia, el modelo de equilibrio general desarrollado por López-Marmolejo y Serrano (2025) concluye que la integración comercial amplifica los efectos de los aumentos de productividad. Los países más conectados comercialmente reciben mayores beneficios de las mejoras productivas propias y de las originadas en sus socios. El ejercicio estima que la integración puede amplificar aproximadamente en un 15 % los beneficios asociados con los incrementos de productividad y que las economías de menores ingresos pueden recibir efectos proporcionalmente importantes.

La conclusión no puede ignorarse: la integración no es solamente un mecanismo para aumentar las exportaciones. Sino que constituye un canal para transmitir productividad, demanda e impulsos de crecimiento entre economías interdependientes.

Resultados concretos, pero insuficientes

La integración ha producido instrumentos operativos verificables. Uno de estos resultados concretos es la Declaración Única Centroamericana (DUCA) que unificó tres documentos aduaneros que anteriormente se gestionaban de forma separada: el Formulario Aduanero Único Centroamericano, la Declaración Única de Tránsito y la Declaración de Mercancías. La implementación de la DUCA Ha favorecido la interoperabilidad entre los sistemas nacionales, la trazabilidad de las cargas y la reducción de duplicidades administrativas.

En 2025 se transmitieron más de 669,000 declaraciones DUCA-T, asociadas con un valor aduanero superior a USD 30,700 millones. Estas cifras muestran que la arquitectura regional no es meramente formal: administra una parte considerable del comercio que se desplaza por carretera (SG-SICA & SIECA, 2019; SIECA, 2026).

El Proceso de Integración Profunda ha introducido, además, la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), Puestos Fronterizos Integrados (PFI) y mecanismos de coordinación entre autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias y fiscales. Por ejemplo, los puestos de Corinto, El Florido, Agua Caliente y El Amatillo representan avances hacia un modelo de una sola parada y hacia una diferenciación entre mercancías de libre circulación y mercancías sujetas a procedimientos aduaneros tradicionales.

En los Puestos Fronterizos Integrados (PFI) funcionan dos tipos de instalaciones. Los centros de facilitación que atienden las mercancías que pueden circular libremente dentro del territorio aduanero; y los centros de control que gestionan mercancías exceptuadas, tránsitos y operaciones sometidas a regímenes especiales. Su funcionamiento depende de la coordinación entre autoridades de los países involucrados y de sistemas electrónicos que permiten transmitir y verificar los documentos comerciales.

A estos instrumentos se suman la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras. Ambas buscan reducir duplicidades, digitalizar procedimientos y mejorar la articulación entre ventanillas únicas, aduanas, autoridades sanitarias y otros organismos fronterizos.

Finalmente, otro resultado concreto de laintegración regional se encuentra en el sector energético. El Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) y el Mercado Eléctrico Regional (MER) ofrecen uno de los ejemplos más avanzados de integración efectiva. La existencia de infraestructura compartida, regulación regional e instituciones con funciones técnicas claramente definidas ha permitido efectuar transacciones eléctricas entre los seis países y mejorar la capacidad regional para responder a restricciones de oferta y eventos climáticos (Echeverría et al., 2017).

El problema es que todos estos avances concretos, aún conviven con rezagos significativos; lo cual afecta la imagen y la credibilidad del proyecto integrador en general.

Tabla 2. Avances y limitaciones de la integración centroamericana

Fuente: elaboración propia con base en SG-SICA y SIECA (2019); SIECA (2024, 2025, 2026); COMIECO (2024); Echeverría et al. (2017); Osborne et al. (2014); Salazar Recinos et al. (2023); Nájera y Ordóñez (2025); y Parthenay (2020).

¿Existe realmente una unión aduanera?

Ahora hagamos una pausa para realizar una reflexión académica. Es útil cuestionarse si el Proceso de Integració Profunda es una Unión Aduanera real, o es algo diferente, pues esto condiciona la dirección de su perfeccionamiento. La denominación “unión aduanera” debe utilizarse con cautela. En un sentido clásico, una unión aduanera requiere de tres elementos simultáneos:

1. la eliminación de los aranceles internos,
2. la aplicación de un arancel externo común y
3. algún mecanismo acordado para administrar o distribuir los ingresos aduaneros entre sus miembros (Viner, 2014).

El Proceso de Integración Profunda ha avanzado en la libre circulación de determinadas mercancías y en la integración de procedimientos fronterizos, pero todavía no cumple completamente esos requisitos. Aún existen productos exceptuados de la libre circulación, que deben ser atendidos en los centros de control de los puestos fronterizos. Tampoco se ha completado la armonización del arancel externo común, y los acuerdos comerciales suscritos individualmente con terceros países continúan condicionando el tratamiento de las importaciones extrarregionales. Y finalmente, la distribución de los ingresos se realiza de acuerdo con el país de destino de las mercancías. Aunque este arreglo es funcional y fue adoptado por consenso, no constituye necesariamente un mecanismo fiscal común comparable con el de una unión aduanera plenamente desarrollada.

Tabla 3. Requisitos de una unión aduanera y situación del Proceso de Integración Profunda

Fuente: elaboración propia con base en Viner (2014); SIECA (2007, 2015); SG-SICA (2015a, 2015b); y Espinoza Valverde et al. (2018).

En consecuencia, el Proceso de Integración Profunda se encuentra más cerca de  un arreglo comercial preferencial que profundiza elementos ya presentes en el Mercado Común Centroamericano. Esta precisión no reduce su importancia. Pero si permite evaluar sus resultados sin confundir los avances operativos con la culminación del objetivo jurídico.

La propia hoja de ruta de dicha iniciativa reconocía que la libre circulación era solamente la primera de tres etapas. La segunda comprendía la modernización y la convergencia normativa, incluida la armonización del arancel externo; la tercera debía crear la institucionalidad necesaria para administrar y consolidar la unión aduanera. El retraso en estas dos últimas dimensiones explica una parte importante de la brecha entre la denominación formal de la iniciativa y su funcionamiento efectivo.

Las restricciones que impiden aprovechar el potencial regional

La principal debilidad del proceso de integración regional no se encuentra en la ausencia de instrumentos, sino en la distancia entre los compromisos regionales y su aplicación nacional.

El sistema depende de decisiones intergubernamentales que requieren altos niveles de consenso. Esta característica preserva la soberanía de los Estados, pero dificulta responder con rapidez cuando existen divergencias políticas. Por ejemplo, el denominado fenómeno de la “silla vacía”, asociado con periodos prolongados sin titular en la Secretaría General del SICA, representa una manifestación visible de una dificultad más amplia: la incapacidad recurrente para convertir el acuerdo general sobre la importancia de la integración en decisiones oportunas y sostenidas (Nájera & Ordóñez, 2025).

En esta misma línea, la flexibilidad institucional actual, es decir; ese conocido pragmatismo centroamericano, ha permitido que algunos países avancen sin esperar a todos los demás. Sin embargo, también puede producir un círculo en el que los compromisos limitados generan instituciones débiles y las instituciones débiles reducen los incentivos para asumir compromisos más profundos.

Esta dinámica se aproxima a lo que se ha denominado regionalismo líquido: arreglos flexibles, informales, orientados al corto plazo y caracterizados por la resistencia a una institucionalización que pueda limitar la autonomía estatal (Pasquariello Mariano et al., 2026).

No obstante, las geometrías variables que permean a la integración regional, no deben considerarse exclusivamente negativas. El Proceso de Integración Profunda demuestra que un subconjunto de países puede avanzar en áreas determinadas sin esperar la participación simultánea de toda la región. Sin embargo, la diferenciación solo resulta funcional cuando produce resultados verificables y permanece abierta a la incorporación posterior de otros países.

Otra importante restricción que impide aprovechar al máximo los espacios de la integración, es la sostenibilidad financiera. Varias instituciones regionales dependen de contribuciones nacionales que no siempre son pagadas oportunamente y de programas de cooperación internacional que han sido fundamentales para financiar infraestructura, digitalización y fortalecimiento institucional. La cooperación ha permitido avanzar, pero no puede sustituir indefinidamente la responsabilidad presupuestaria de los Estados.

Para comprender mejor las consecuencias que dichas restricciones tienen sobre el proceso general de integración, considérese lo siguiente: la fragmentación del transporte terrestre muestra con particular claridad las consecuencias de una integración incompleta. El régimen aduanero regional regula el tránsito de mercancías, pero no liberaliza plenamente el mercado del transporte. Las empresas extranjeras pueden realizar entregas internacionales, pero enfrentan restricciones para operar rutas nacionales o adquirir carga de retorno. Esto reduce la utilización de los vehículos, aumenta los recorridos vacíos y limita la competencia.

El Banco Mundial estimó que la competencia imperfecta explica al menos el 35 % de los precios promedio en determinadas rutas nacionales de transporte terrestre centroamericano. Las prohibiciones de cabotaje, los requisitos nacionales de operación y las barreras de entrada segmentan el mercado, reducen la utilización de la flota y desincentivan la innovación (Osborne et al., 2014).

La región funciona, por tanto, con un régimen regional de tránsito aduanero superpuesto a seis mercados nacionales de transporte que no están integrados entre sí. Esta contradicción eleva los costos del comercio y reduce los beneficios que podrían derivarse de la facilitación aduanera.

Y para finalizar, no debe omitirse señalar que también persisten deficiencias estadísticas. A modo de ejemplo: la información sobre el parque vehicular, las condiciones operativas de la flota, los tiempos de espera, los costos de los corredores y el desempeño de las fronteras no siempre es comparable entre países. Sin información regional homogénea, resulta difícil diseñar intervenciones diferenciadas, establecer líneas de base y evaluar si las reformas están reduciendo efectivamente los costos logísticos.

Más integración exige también mejor integración

La necesidad de profundizar la integración no equivale a defender acríticamente la institucionalidad existente. La región necesita más integración, pero también una integración de mejor calidad.

Esto implica abandonar la idea de que la firma de instrumentos jurídicos constituye por sí sola un resultado. Las políticas regionales deben evaluarse por su capacidad para disminuir tiempos, reducir costos, mejorar la trazabilidad, ampliar la competencia, fortalecer la infraestructura y generar beneficios observables para productores, transportistas, empresas y consumidores.

También exige reconocer que las ganancias regionales dependen de capacidades nacionales. Los modelos económicos muestran que un país con débiles encadenamientos productivos obtiene beneficios menores, aun cuando se reduzcan las barreras comerciales. La integración debe acompañarse de políticas nacionales de productividad, infraestructura, formación laboral, financiamiento y desarrollo empresarial.

En transporte y aduanas, la prioridad consiste en completar la modernización fronteriza, armonizar procedimientos y revisar las restricciones que impiden el uso eficiente de la flota regional. El funcionamiento de una frontera integrada no depende únicamente de un edificio moderno o de una plataforma informática. Requiere coordinación operativa, gestión de riesgos, intercambio de información, reconocimiento mutuo y reglas que eviten que una simplificación regional sea anulada por requisitos nacionales adicionales.

En energía, la expansión de la capacidad de transmisión y una mayor convergencia regulatoria permitirían aprovechar mejor las inversiones, reducir los requerimientos nacionales de capacidad instalada y aumentar la resiliencia ante sequías y otros eventos climáticos. El Mercado Eléctrico Regional demuestra que la cooperación funciona mejor cuando dispone de infraestructura compartida, reglas vinculantes e instituciones con mandatos técnicos claramente delimitados.

En materia institucional, se requiere mayor estabilidad financiera, mecanismos de seguimiento verificables y modalidades de decisión que permitan avances diferenciados sin paralizar al conjunto del sistema. Las instituciones regionales no pueden depender permanentemente de la voluntad coyuntural de los gobiernos ni del financiamiento externo para desempeñar funciones que los propios Estados les han asignado.

Y finalmente, la ampliación del Proceso de Integración Profunda hacia Nicaragua, Costa Rica y Panamá no debería plantearse como un acto político inmediato ni como una réplica automática del modelo vigente. Antes de ampliar el esquema, es necesario demostrar con mayor claridad sus beneficios, consolidar los puestos fronterizos existentes y corregir los rezagos normativos. La expansión será sostenible solamente cuando la participación resulte económica y operativamente convincente para los países que todavía no forman parte del territorio aduanero integrado.

Conclusiones

La integración centroamericana ha producido resultados reales, pero todavía no ha alcanzado una escala ni una profundidad suficientes para transformar de manera decisiva la estructura económica regional. El comercio intrarregional mantiene una importancia elevada para varias economías; los instrumentos aduaneros digitales administran cientos de miles de operaciones; la interconexión eléctrica muestra que las instituciones regionales pueden funcionar; y los modelos económicos indican que la integración amplifica los beneficios de la productividad y transmite impulsos de crecimiento entre países.

Sin embargo, al mismo tiempo, las limitaciones son evidentes. La unión aduanera sigue siendo parcial, los mercados de transporte permanecen fragmentados, la coordinación institucional es vulnerable a las divergencias políticas y la cooperación internacional continúa financiando tareas que deberían contar con un respaldo presupuestario estable de los Estados.

Estas deficiencias no constituyen argumentos para abandonar la integración. Constituyen razones para reformarla.

En un entorno internacional marcado por tensiones comerciales, vulnerabilidad climática y reconfiguración de las cadenas de suministro, la fragmentación incrementa los costos de actuar individualmente. Ningún país centroamericano dispone por sí solo del tamaño de mercado, la infraestructura o la capacidad de negociación suficientes para responder de manera óptima a esos desafíos.

La agenda regional debe concentrarse en completar lo que ya se ha iniciado: perfeccionar los mecanismos de libre circulación, reducir las excepciones, avanzar hacia una mayor armonización arancelaria y regulatoria, modernizar las fronteras, integrar el mercado del transporte, ampliar la capacidad energética regional y fortalecer la producción de estadísticas comparables. Y al mismo tiempo, debe consolidar una institucionalidad menos dependiente de las coyunturas políticas y del financiamiento externo.

Centroamérica no necesita preservar la integración tal como funciona actualmente. Necesita convertirla en un instrumento más exigente, medible y orientado a resultados. La evidencia muestra que los beneficios existen, pero también que dependen de la profundidad de los vínculos comerciales, de la calidad de las instituciones y de las capacidades internas de cada economía.

Para seis países pequeños y abiertos, integrarse no elimina las vulnerabilidades nacionales. Pero actuar de manera fragmentada las agrava. Por ello, una integración más profunda y mejor diseñada no debe entenderse como una opción secundaria de política económica, sino como una condición estratégica para elevar la productividad, fortalecer la resiliencia y ampliar la capacidad de Centroamérica para participar en la economía mundial.

Referencias

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